El informe final de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, en más de 200 páginas hace un diagnóstico sobre el sistema impositivo actual y los ajustes que necesita. Teniendo en cuenta que las cargas están mal distribuidas y que la estructura es compleja, uno de los principales planteamientos es simplificar los tributos a personas naturales y empresas, eliminando gravámenes creados recientemente como Cree, Iman, Imas, y riqueza, pero dejando un solo impuesto de renta y ampliando la base.
Entre tanto, propone un incremento del IVA general del 16 al 19 por ciento y reducir la lista de bienes excluidos de este gravamen. También incluye poner a pagar a las entidades sin ánimo de lucro y elevar impuestos a los cigarrillos, licores y la gasolina.
ADIÓS AL CREE, RENTA Y RIQUEZA: EMPRESAS PAGARÍAN UN SOLO IMPUESTO
El diagnóstico para las empresas es poco alentador: hay una gran desigualdad en el tratamiento entre sectores y compañías, son pocas las que pagan y el peso es mayor para quienes no cuentan con beneficios de zonas francas, contratos de estabilidad jurídica o exenciones importantes.
Ante la pérdida de competitividad que han tenido las empresas por esta situación, la Comisión señala que la tributación a las empresas debe ser más sencilla y eliminar los desincentivos a la inversión y al crecimiento.
En ese sentido, plantea eliminar el Cree y su sobretasa, el impuesto de renta y complementarios y el del patrimonio (riqueza) y crear un solo tributo. Este sería el Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE), que sería una tarifa única de entre 30 y 35 por ciento, dependiendo del análisis que haga el Gobierno sobre el tema.
Dicho tributo se basaría en las utilidades contables que se calculan utilizando las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif), que ya están en proceso de adopción por parte de las firmas colombianas. La idea es facilitarle los trámites a las empresas y darles más certidumbre a los empresarios, permite que haya un tratamiento uniforme y además frena el uso de exenciones, deducciones y otros mecanismos relacionados con la generación de utilidades.
Aquí, la Comisión recomienda que solo puedan descontarse los impuestos pagados en el exterior, el 20% del valor de los gastos en investigación, desarrollo e innovación y el 30% de las donaciones a empresas sin ánimo de lucro.
Otro de los planteamientos es elevar el impuesto sobre la renta presuntiva de 3 a 4 por ciento, y gravar las ganancias ocasionales como renta ordinaria.
Igualmente, los dividendos serán gravados, y en el caso de las personas jurídicas podrán tener un descuento del 20 por ciento. Y, cuando se reparten estos recursos a sociedades cerradas o extranjeras, le harán una retención del 15 por ciento, pero la idea es que no haya doble tributación.
MÁS TRABAJADORES Y HASTA PENSIONADOS PAGARÍAN IMPORRENTA
En Colombia, es poco lo que las personas naturales ponen a la hora de pagar impuestos. Por eso, la Comisión de Expertos plantea que haya más gente contribuyendo con base en sus ingresos, y también en lo que consume. Así las cosas, al igual que en las empresas, plantea eliminar el Iman y el Imas, dejando un solo impuesto a la renta.
La Comisión insiste en ajustar las tarifas que existen, teniendo en cuenta que hay pocos rangos y que es muy abrupto el salto entre quienes no pagan y la primera tarifa. En ese sentido, plantea reducir la base a quienes ganan desde 1,5 millones de pesos al mes, con tarifas muy bajas (hoy es desde 2,4 millones de pesos mensuales).
La idea es que la tarifa a pagar aumente progresivamente, hasta un máximo de 35 por ciento para quienes devengan salarios superiores a 8,6 millones de pesos mensuales.
En este impuesto, también habría un cambio en la clasificación de las personas. Ya no sería por actividad (empleados, trabajadores por cuenta propia y otros), sino por rentas de trabajo (salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, etc.) y otras rentas.
Por otra parte, la propuesta de la Comisión habla de limitar el uso de los beneficios para lograr deducciones, que según el documento tienen un costo fiscal de 3,5 billones de pesos al año. Aquí, no se trata de eliminar alguno en particular (pagos de intereses de vivienda, dependientes, aportes), sino de imponer un tope de 35 por ciento de los salarios e ingresos derivados del trabajo y de 10 por ciento de las rentas líquidas, siempre y cuando no superen los 4.500 UVT (unos 133,8 millones de pesos).
Por otra parte, la propuesta incluye gravar a las pensiones altas con las mismas condiciones que los salarios. Como se recuerda, el 80 por ciento de las pensiones son inferiores a dos salarios mínimos, y estas quedarían por fuera. Según el documento, los dividendos, deberían incorporarse como ingresos gravables en la renta ordinaria de personas naturales.
TARIFA GENERAL DEL IVA DEBERÍA SUBIR DEL 16 al 19%
La Comisión de Expertos considera que la lista de bienes excluidos o exentos de este gravamen en Colombia es mayor a los estándares internacionales y por eso, plantea cinco tarifas e incluir bienes y servicios intangibles como software, marcas, patentes y bases de datos, entre otros.
La primera corresponde a los bienes no gravados (conocidos hoy como excluidos), la cual mantendrá solo a los servicios de salud, educación, transporte público de pasajeros y consumo vital de servicios públicos. La segunda es la de bienes gravados al 0% (hoy se llaman exentos) y estaría conformada solo por bienes y servicios exportados.
La tercera es una tarifa de 5%, a la que entrarán bienes como frutas, hortalizas, medicinas libros y cuadernos, leche y queso fresco, maíz, arroz, huevos, pescado, camarones, carne, entre otros. Entre tanto, pasarán a tener una tarifa de 10 por ciento los computadores personales, dispositivos móviles, boletas de eventos, gas natural, biodiesel, etanol, transporte de carga, internet en los estratos 1,2 y 3, entre otros.
Y en la tarifa general quedarán las aguas minerales, hielo y nieve, armas y municiones, publicidad, los servicios de las peluquerías, el software, marcas, patentes, franquicias, cobros del sector financiero, la medicina prepagada y todo lo que hoy tiene tarifa del 16%.
LAS COOPERATIVAS DEBEN SER SOMETIDAS AL RÉGIMEN ORDINARIO
La Comisión de Expertos Tributarios propone que las entidades sin ánimo de lucro, es decir, asociaciones, fundaciones y corporaciones, sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades limitadas, salvo las que se califiquen expresamente en el Estatuto Tributario como no contribuyentes y aquellas que soliciten y sean admitidas al Régimen Tributario Especial (RTE).
LOS FONDOS
Según la Comisión de Expertos, los fondos constituyen formas de ahorro e inversión pero ninguno tiene la estructura jurídica de una ESAL, por tanto, no pueden pertenecer al Régimen Especial. “La ley debe establecer requisitos legales para la admisión de las ESAL al RTE desde su creación, de manera que cuando se les asigne el RUT se verifiquen y exijan requisitos y condiciones mínimas que las hacen merecedoras al tratamiento tributario particular del Régimen Especial, y en consecuencia, admitidas y clasificadas en el RUT como entidades pertenecientes al RTE”.
Las ESAL quedarán sujetas a la vigilancia y control por la Superintendencia de Sociedades, con los mismos rangos exigidos para las sociedades comerciales, excepto aquellas vigiladas por otra superintendencia, para asegurar que cumplen con los reportes financieros, condiciones de gobierno corporativo, control de lavado de activos, prevención de actividades terroristas, entre otros, pues la vigilancia de municipios y gobernaciones es inoperante.
GRAVAR MÁS A CIGARRILLOS Y LICORES
En la actualidad hay vigentes 13 tributos departamentales, 20 municipales y por lo menos 24 gravámenes y contribuciones, sin contabilizar dentro de estos las estampillas que existen con distintas variantes regionales y locales.
La Comisión recomienda definir de manera expresa las competencias en materia tributaria de la Nación y de los departamentos y los municipios, por la vía legal o constitucional.
En cuanto a los impuestos departamentales, la Comisión propone aumentar gradual pero significativamente el impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco, revisar la estructura de los impuestos a la cerveza y los licores, y evaluar la posibilidad de introducir un impuesto sobre las bebidas azucaradas.
Las recomendaciones de la Comisión en materia de impuestos municipales se centran en el impuesto predial y en el ICA. En cuanto al primero, se resalta la urgencia de adoptar todas las medidas necesarias para una actualización catastral. Respecto al ICA, siguiendo las sugerencias del Banco Mundial, la Comisión hace recomendaciones con el objetivo de simplificar el impuesto buscando una reducción en la dispersión de tarifas.
Tanto para el caso de departamentos como para el de municipios, se recomienda la revisión de los impuestos de menor importancia, tales como degüello, tasa bomberil, alumbrado público y avisos y tableros, entre otros.
MANTENER EL 4 x 1.000 POR SER UN IMPUESTO MUY FÁCIL DE RECAUDAR
De acuerdo con los diagnósticos, la Comisión entiende que el gravamen a los movimientos financieros conocido también como el 4 x 1.000 tiene efectos negativos sobre la intermediación financiera. “Sin embargo es un impuesto de fácil recaudo que genera recursos importantes al fisco y cualquier otro tributo que sustituyera su recaudo también tendría efectos nocivos sobre la actividad económica”.
Afirman además que “con el fin de aliviar parcialmente los efectos distorsionantes del impuesto, se sugiere al Gobierno aumentar la deducibilidad al 100% en el impuesto de renta para las empresas en el momento en que las finanzas públicas lo permitan”
