LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES
Vivimos una nueva época ante la administración de justicia: la virtualidad.
Nos tomó por sorpresa junto con la pandemia, nos forzó a aprender todo lo que nos faltaba sobre el acceso a expedientes digitales, audiencias con 8 o más personas frente a un Juez o Magistrados en una pantalla, radicaciones ordenadas de anexos de fácil acceso para los jueces, funcionarios de despachos y contraparte, etc.
Pero aprendimos rápido y vamos viendo que todos los actores de la justicia nos adaptamos y tomamos lo mejor de este nuevo mundo, que solo trajo anticipadamente lo que ya veníamos venir, el uso de las tecnologías de la comunicación en el sistema judicial.
En Colombia, de manera específica, el decreto 806 de 2020 reglamentó en medio de la pandemia el deber y la facultad de usar las tecnologías de la información en la justicia, los procedimientos para acceso y manejo de expedientes, poderes, radicación de demandas, manejo de documentos y pruebas digitales, notificaciones, traslados, emplazamientos, comunicaciones, oficios, despachos….
La virtualidad llegó a las órdenes de embargo y desembargo, a las notificaciones, a las pruebas, a todo…el uso de las tecnologías de la información es lo positivo que deja la pandemia en la administración de justicia de Colombia. Si algunos jueces seguían negando solicitudes por ser virtuales, en 6 meses tuvieron que cambiar el criterio.
La orden fue dada así
«Articulo 1: objeto. Este decreto tiene por objeto implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el tramite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdiccional de los contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como, las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales, durante el termine de vigencia del presente decreto. Adicional mente, este decreto pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivación de las actividades económicas que dependen de este.
